Detrás de ese perfil no existía ninguna joven real: era el primer eslabón de una organización dedicada a la extorsión digital, operativa desde la cárcel de Magdalena y el penal de Olmos. El esquema incluía apoyo externo, cuentas bancarias a nombre de terceros y una estructura aceitada que replicaba el mecanismo con distintas víctimas.

No había madre, hija, ni denuncia alguna: era una escena montada desde una celda. Minutos después, llegó el segundo golpe. Otro audio, esta vez de un hombre que se presentó como funcionario policial. “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra.” La voz transmitía seguridad, utilizaba terminología técnica y afirmaba disponer de pruebas, conversaciones almacenadas y archivos recuperados. Advertía que, si no había contacto inmediato, el caso sería remitido a la fiscalía.

A partir de ese momento, Gómez fue sometido a un hostigamiento constante. Recibía mensajes, llamadas y audios cada vez más intimidantes: le advertían que estaba al borde de la detención, que su nombre sería expuesto en redes sociales y medios, y que su carrera militar había terminado.

La exigencia inicial era de 500 mil pesos, luego negociaban, reducían el monto y aceptaban pagos en cuotas, con la condición de transferir el dinero de inmediato a través de billeteras virtuales o cuentas bancarias. “Entrá a tu cuenta y decime con cuánto contás.” Si la cifra era considerada insuficiente, incrementaban la presión: “¿Para vos eso vale tu libertad? Me estás tomando el pelo.”

En el caso de Gómez, la investigación determinó que soportó durante semanas este circuito de hostigamiento: solicitudes de dinero, advertencias, amenazas de exposición pública y cárcel. Vivía pendiente del teléfono, temía perder su trabajo, su reputación y el vínculo con su familia. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. En la carta que dejó antes de morir, mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. Ese documento resultó clave para que la jueza Arroyo Salgado comprendiera que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida.

El esquema incluía colaboradoras externas, principalmente mujeres, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir las transferencias y redistribuir los fondos ilícitos. En total, fueron detenidas siete personas, entre ellas varios internos y al menos dos mujeres con roles logísticos dentro de la organización. Entre los arrestados estaban quienes gestionaban los perfiles, quienes simulaban ser policías y quienes administraban el dinero.

En la conferencia de prensa posterior a los operativos, la jueza Arroyo Salgado expuso los detalles de la investigación, destacó el trabajo técnico del equipo y advirtió sobre la gravedad de las estructuras criminales que operan desde el encierro. Junto a ella estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló directamente el problema del uso de celulares en prisión. “Todos sabemos lo que pasa en las cárceles, pero que en este caso llevaron a la muerte de un chico joven con toda la vida por delante. Y no nos tenemos que olvidar de esto. Un celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirles tener un arma en una celda”, afirmó. Y agregó: “No se puede permitir en el Servicio Penitenciario Bonaerense ni en ninguna otra cárcel del país. No podemos permitir que quienes han delinquido sigan delinquiendo. Como dijo la doctora Arroyo Salgado, no se les puede permitir tener una pyme del delito adentro de la cárcel.”