Para cubrir ese aumento será necesario incorporar múltiples fuentes de oferta, incluidos países hoy sujetos a sanciones —como Rusia, Venezuela e Irán— y una mayor participación de los productores de menor costo del Golfo Pérsico.

“Venezuela llegó a producir en los ’90, antes del chavismo, hasta 3,5 mbd. Para volver a conseguir ese nivel sería necesario una inversión del orden de los USD 50.000 millones, dado el estado deplorable de equipos e instalaciones, y un plazo de entre 5 y 10 años”, señaló Apud.

Según Apud, la industria petrolera estadounidense sería la principal beneficiaria de un eventual revival petrolero en Venezuela, tanto por razones geopolíticas como por la necesidad de importar crudo pesado —característico de ese país— para abastecer a las numerosas refinerías diseñadas para procesarlo, ubicadas mayormente en la costa del Golfo de México, rebautizado por Trump como Gulf of America.

Como consecuencia de la intervención norteamericana, en el mediano plazo, un repunte de la producción implicaría una mayor oferta global de crudo y una menor dependencia de América respecto del petróleo de Medio Oriente.

Sobre el impacto en la Argentina puntualmente, en el corto plazo, sería prácticamente nulo: no se esperan cambios relevantes en los precios internacionales del petróleo. En el mediano plazo, el efecto tampoco sería relevante.

No obstante, a criterio del especialista, existe un segundo efecto potencial en términos locales: algunas compañías internacionales con carteras globales podrían reorientar inversiones hacia Venezuela, en función de decisiones estratégicas que implican priorizar unos países sobre otros.

En tanto, la consultora especializada Paspartú consideró que los países productores como Argentina enfrentan ahora un escenario más exigente: en GNL, la consolidación de EEUU como proveedor dominante y la ampliación de la capacidad global reducen el margen para nuevos proyectos greenfield, principalmente si requieren de un Project Finance en la FID (Decisión Final de Inversión).

La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump no define directamente el destino de estos proyectos, pero sí configura un entorno más competitivo y politizado, que limita la capacidad de maniobra de quienes buscan insertarse como nuevos exportadores.